Médicos solicitan que se apruebe tratamiento experimental o alternativo para COVID-19 con CIO2 (Dióxido de Cloro)

 

Indican que más de 5.000 profesionales de la salud piden que se reconozcan a la molécula del Dióxido de Cloro (CIO2) como un tratamiento habilitado experimentalmente o alternativo conforme a las normas de bioética (es decir con apercibimiento para los pacientes que lo quieran) para tratar un cuadro de síntomas diversos llamados COVID-19.

Debemos recordar que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que no existe un tratamiento "demostrado científicamente" o un "tratamiento aprobado por la medicina oficial" para tratar el COVID-19. 

Sin embargo, la OMS de manera tiránica dice "recomendamos un tratamiento con retrovirales e intubación", que todos sabemos es un tratamiento brutal, que al menos en México, mata a 76% de los pacientes internados según un estudio de Dr. Héctor Hernández Bringas. 

¿Por qué está cerrazón y demonización contra éste tratamiento?

Esto se parece mucho, a las leyes represoras de Claudia Sheinbaum que ilegalizan a profesionales de la salud emocional y mental, psicólogos y psiquiatras a tratar a personas con problemas de orientación e identidad sexual. 

¿Cómo es que autoridades políticas se creen con el poder para invadir la esfera de la ciencia y la libertad individual que tiene los pacientes de elegir que tratamiento recibir, escuchar una segunda y hasta una tercera opinión médica como reconoce que es un derecho la CIDH?

Mientras tanto medios satanizan a médicos como Andreas Kalcker, quien ha dado conferencias sobre los efectos terapéuticos y preventivos de la molécula del Dióxido de Cloro, y su potencialidad para mejorar el Sistema Inmunológico por su potencial como oxigenador de la sangre. 

La OMS está impedida para dar cualquier recomendación médica cuando se ha acreditado que sus directivos han cometido un delito grave CONFLICTO DE INTERÉS con la Fundación Bill And Melinda Gates, Foro Económico Mundial, CEPI integrado por las principales farmacéuticas directos beneficiarios de sus "recomendaciones" sin aval médico ni científico entre los que se incluyen las campañas de vacunación forzadas.


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